Ser inmigrante irregular será delito en Italia

Berlusconi ha puesto a la inmigración ilegal en el punto de mira. (Foto: El País).

El Gobierno de Berlusconi logró la semana pasada que la Cámara de Diputados italiana diera luz verde a un proyecto de ley sobre seguridad (llamada ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’), que pretende, entre otras cosas, convertir en delito la inmigración ilegal, penando con multas económicas a aquellos inmigrantes que sean sorprendidos y haciendo obligatorio denunciar la existencia de los irregulares que estén en Italia.

Este proyecto de ley, impulsado por la Liga Norte, contiene medidas para luchar contra la inmigración irregular, la criminalidad y la seguridad ciudadana. En lo que a inmigración se refiere, y si el Senado aprueba el texto que le llegará de la Cámara de Diputados, Italia castigará con penas de cárcel a aquellos que alquilen una vivienda a irregulares, ampliará el plazo máximo de detención de los indocumentados (de los dos meses actuales a seis meses), impondrá penas de prisión para aquellos “sin papeles” que sean descubiertos en territorio italiano tras haber recibido una orden de expulsión y prohibirá que los sin papeles puedan hacer cualquier tipo de gestión administrativa. Este último punto ha sido especialmente criticado por la oposición, ya que impediría que las madres inmigrantes pudieran inscribir a sus bebés en el censo, provocando que los niños fuesen declarados en abandono y dados en adopción. Éste no es un hecho banal, pues como bien apunta Soledad Gallego-Díaz en su columna dominical en ‘El País’, el no permitir inscribir a un niño en el censo iría en contra de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ya que entonces “se pone el peligro su vida y su salud, porque le hace invisible, una no-persona” A última hora se eliminó la obligación de que profesores y médicos denunciasen a los inmigrantes a los que atendiesen, pero existe el temor de que los indocumentados dejen de acudir al médico o escolaricen a sus hijos por miedo a ser descubiertos.

El polémico articulado fue aprobado por los diputados italianos con toda la oposición en contra (tan sólo se registraron tres abstenciones), al considerar que esta ley tiene muchos aspectos contrarios a la constitución italiana. Dario Franceschini, líder de la oposición, afirma que “es peligroso que se utilice una demanda legítima de seguridad por parte de los ciudadanos para volver atrás. Ya ha habido un momento en la historia italiana en la que se expulsaba a los niños del colegio por su religión. No podemos volver a las leyes raciales”, opinión compartida por el propio presidente de la República, Giogio Napolitano, quien dijo que este proyecto alienta la retórica xenófoba y racista. Además, el trámite parlamentario se llevó a cabo planteando lo que se conoce en Italia como una petición de confianza, método empleado para agilizar la tramitación de asuntos en la Cámara, pues con él se omite la existencia de debate y una posterior votación secreta.

Parece claro que Berlusconi se encamina, cada vez más, hacia una política de auténtica persecución al inmigrante, en el que se encarna toda la criminalidad reinante en el país. Sin embargo, y como bien dice Roberto Saviano en un lúcido artículo publicado en El País este pasado domingo, para la comunidad internaciones resulta complicado ver la unión entre inmigración ilegal y delincuencia, “hecho además en un país, Italia, que ha exportado la mafia a todos los rincones de la Tierra”. A pesar de la aparente violación de derechos constitucionales dentro del seno de la Unión Europea, ésta no se ha pronunciado en el mismo sentido, o al menos con la misma intensidad, con que lo ha hecho en otras ocasiones, como ocurrió con la entrada del fallecido ultraderechista Jorg Haider al Gobierno de Austria en 2000 o con el discurso xenófobo y racista del francés Jean Marie Le Pen.

¿Cuál creéis que será la reacción del pueblo italiano si sale aprobada en el Senado?¿Podrá Berlusconi salvar un hipotético recurso de inconstitucionalidad que la oposión presenta a esta ley? ¿Italia será un país más seguro con estas medidas, o sólo servirá para desviar la atención de los problemas reales del país (crisis económica, redes mafiosas, corrupción política…) ¿ Deberían la Unión Europea y la ONU posicionarse de forma oficial ante esta criminalización de la población inmigrante?