Se reabre el debate de la inmigración ilegal

19 enero 2010 at 09:43 Deja un comentario

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (Fuente:  e-notícies)

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (Fuente: e-notícies)

El informe jurídico elaborado por el bufete de abogados Roca Junyent ha dado el visto bueno a la petición del Ayuntamiento de Vic (Barcelona). La prohibición del empadronamiento de los inmigrantes irregulares “no puede ser tildada de ninguna de las maneras como incorrecta o contraria a la ley”. Una Ley de Extranjería, firmada por el propio Rajoy en 1997, y que ahora propone endurecerla.

El Consistorio de la localidad barcelonesa de Vic le pasa la patata caliente al Gobierno, tras lograr que un bufete de abogados avale su petición. Con esta “victoria”, el alcalde del municipio, el convergente Josep Maria Vila d’Abadal remitirá una instancia a la subdelegación del Gobierno en Barcelona dirigida al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que solicita un informe por escrito sobre “los requisitos sobre los pasaportes para el empadronamiento de ciudadanos no comunitarios”. Por su parte, Rubalcaba se ha mostrado contrario a la iniciativa de Vila d’Abadal, en una entrevista ofrecida a la Cadena Ser. Asimismo, ha calificado de “oportunista” la postura de Rajoy al criticar una normativa, la Ley de Extranjería, aprobada por el propio líder popular, en su cargo como ministro de Administraciones Públicas en 1997. Además, ha añadido que la iniciativa del municipio barcelonés incumple la ley, y recordado que hace un mes el Grupo Parlamentario Popular no presentó ninguna enmienda en la tramitación de la nueva Ley de Extranjería.

Pese a esta incoherencia, su portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido la modificación de dicha Ley, declaraciones recogidas en El País. En la misma línea, la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha apoyado al regidor de Vic, a la vez que defendido que sólo su partido puede “decir con coherencia que siempre ha dicho lo mismo”. Paradójico si se tienen en cuenta el cambio de parecer de Rajoy y las palabras del secretario de comunicación del partido, Esteban González-Pons, afirmando sentirse contrario a la iniciativa de la Alcaldía de Vic. A ésta se suma las denunciadas prácticas llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), en materia de inmigración. Su alcalde, el popular Pedro Rollán, endureció las condiciones de empadronamiento de los extranjeros en la localidad madrileña, impidiendo la inscripción de los inmigrantes que posean el visado de turista y/o vivan en un piso que no tenga un ratio de 20 metros cuadrados por persona, en base a la Ley de Ordenación de la Edificación. Asimismo, el regidor madrileño ha aprovechado su entrevista en El País, para acusar a Celestino Corbacho, actual ministro de Trabajo e Inmigración, de utilizar “prácticas propias de la Gestapo nazi”, como alcalde de L’Hospitalet de Llobregat, y de “investigar dentro de las viviendas de los inmigrantes si tenía más de un televisor o las denominadas camas calientes”. Estos requisitos le han llevado a reducir casi en tres puntos los índices de inmigrantes en el municipio.

Y entre este enredo de opiniones que denotan la posición de los partidos para la captación del beneplácito del electorado, uno se pregunta: ¿en qué piensan los políticos cuando elaboran una Ley? ¿En el beneficio para la sociedad o en aquel que les otorga más poder?

Con estos dos casos, Torrejón de Ardoz y Vic, se abre el debate de cómo aplicar una Ley, elaborada y aprobada por un partido que ahora la critica. La misma que debe ser aplicada y velada por el Ministerio del Interior y no por los propios consistorios. Aquella que permite a los inmigrantes legales e ilegales de ser beneficiarios de servicios sociales como la sanidad y la educación, y que ofrece al Instituto Nacional de Estadística un promedio casi exacto del porcentaje de extranjeros residentes en España. De esta forma, el Estado puede conocer los índices de inmigración ilegal para poder diseñar una estrategia política óptima que solucione el problema, así como la situación de los mismos.

Si finalmente se prohíbe este trámite, los inmigrantes ilegales no podrán contar con atención médica pública y sus hijos no podrán acceder a un colegio. Esto conllevaría a un descontrol por parte de la Sanidad española y un incremento de los niños sin escolarizar en las calles, pero, sobre todo, la violación de dos derechos universales de los seres humanos.

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