Primer paso para que las Cortes sólo cierren por vacaciones en agosto

17 marzo 2010 at 09:52 1 comentario

Rojo y Bono, presidentes del Senado y del Congreso respectivamente, se han tomado muy en serio la iniciativa solicitada por el primero que ampliaría el periodo ordinario de sesiones parlamentarias de 9 a 11 meses. Dicha petición, ya propuesta por el PP el año pasado, ha conseguido el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Un consenso que entrevé un lavado de imagen de una clase política cada vez más criticada por la población.

Desde 1978, la España de la Transición ha cambiado drásticamente hasta convertirse en un Estado perteneciente a influyentes organismos internacionales como la Unión Europea o la OTAN, que ha cambiado su peseta por una moneda de potente valor monetario en el mercado financiero mundial y que ha vivido periodos de esplendor económico y social, así como de fuerte depresión con precariedad laboral, desempleo, corrupción, burbuja inmobiliaria, etc. Sin embargo, existe una herencia de la Transición, entre otras tantas, que sigue intacta: las criticadas “vacaciones parlamentarias”.

En estos 32 años de democracia diputados y senadores han disfrutado de tres meses de inactividad parlamentaria ordinaria, tal y como contempla la propia Constitución en su artículo 73. Según dicho artículo, las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: de febrero a junio y de septiembre a diciembre. Durante los meses de enero, julio y agosto, ya sea por disolución de las Cortes Generales a causa de la celebración de elecciones generales o por el “cierre” de las Cámaras, la Diputación Permanente de cada una de ellas se encarga de velar por la actividad parlamentaria. Asimismo, esta Diputación podrá solicitar, junto con el Gobierno y la mayoría absoluta de los miembros de cada hemiciclo, la reunión en sesiones extraordinarias de las mismas.

No obstante, en este último periodo vacacional de nuestros representantes parlamentarios, sólo se han llegado a celebrar algunas comisiones y una única reunión de la Diputación Permanente, el 21 de enero, en el caso del Congreso de los Diputados. La situación ha sido similar en el Senado. Por tanto, 48 días (del 22 de diciembre de 2009 al 9 de febrero del presente año) a los que se sumarán los dos meses estivales y de los que muchos trabajadores quisieran disfrutar, si no se llega a un acuerdo.

De momento, todos los grupos parlamentarios han dado su apoyo a la iniciativa, en boca de sus portavoces. Desde José Antonio Alonso, portavoz socialista en la Cámara Baja, como Soraya Sáenz de Santamaría, homóloga popular en la misma Cámara, han defendido la propuesta, mientras que los representantes de los grupos minoritarios, aun mostrándose favorables, se sorprenden del ímpetu con que Bono se ha tomado esta proposición y discrepan en el método a seguir para su cumplimiento.

Desde ambas Presidencias parlamentarias, se proponen dos caminos. Por un lado, la modificación de la Constitución y, por tanto, la necesidad de celebrar un referéndum, o bien la reforma de los Reglamentos de las Cortes Generales y establecer previamente un mayor uso de las sesiones extraordinarias, previa aprobación de la Presidencia, Junta de Portavoces y Mesa, según plantea Javier Rojo en un documento que presentó la semana pasada a los letrados del Senado.

Por su parte, IU exige que, para ello, se reforme el artículo 73 de la Carta Magna, un texto constitucional que no se ha revisado desde 1992. Por aquel entonces, la entrada de España en la UE hizo que fuese de obligada necesidad acomodar el artículo 13 al Tratado de Maastrich. Quizás IU vea ésta como una oportunidad idónea para presentar la modificación de otros artículos como los concernientes a la Corona.

No obstante, la cuestión que nos planteamos es si esta modificación de los textos oficiales, bien de los Reglamentos de las Cámaras o de la propia Constitución, mantendrá totalmente “activo” el Parlamento. Es decir, si senadores y diputados se pasarán por los hemiciclos para hacer llegar a los órganos camerales las reflexiones y quejas de los ciudadanos.

Carmela Silva, portavoz del PSOE en el Senado, rehusó hablar de vacaciones parlamentarias a los periodos en los que no hay actividad ordinaria en las Cortes, pues sus compañeros “trabajan de forma incansable” tanto cuando hay plenos como cuando no los hay. Pero, esa imagen no es la que se ofrece desde las citadas instituciones, o al menos ésa es la opinión del electorado, con ejemplos como el de la popular De Cospedal, que, tras dos años de senadora, compareció por primera vez ante el Senado, el pasado 9 de febrero, o las continuas imágenes de los hemiciclos prácticamente vacíos en los Plenos.

Por ello, ante palabras como las de Silva del tipo “además de hacerlo, hay que parecerlo”, a uno se le ocurre pedir a los presidentes de las Cortes que pasen lista al inicio y final de las sesiones plenarias, para poner un punto negativo y la correspondiente reducción salarial o despido, como sucede habitualmente en el sector privado, a aquellos parlamentarios que hayan hecho “pellas” en sucesivas ocasiones. Aunque, sinceramente, no sé si es peor eso o que asistan para calentar las butacas de cuero, mientras leen el periódico y arman barullo. Ojalá todos disfrutásemos de esas mismas condiciones laborales.

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