Si protestas, eres un delincuente… al menos en Venezuela

La Fiscalía General pretende aplicar a los manifestantes el delito de desobediencia civil, a lo que la oposición ha respondido convocando una nueva marcha. (Foto: Fotografías.net)

Imagínese salir a la calle, convocado por un partido político, un sindicato o un grupo de ong´s para protestar por alguna medida del Gobierno de la nación, y que por participar libre y pacíficamente en ella, sea acusado de un delito de rebelión civil, enfrentándose además a una pena de prisión de entre 12 y 24 años. ¿Irreal, verdad?

Pues en Venezuela eso es lo que pretende el Ejecutivo de Hugo Chavez, o al menos esa es la intención anunciada hace unos días por su fiscal general, Luisa Ortega, en su programa de radio “En sintonía con el Ministerio Público”. En las ondas, Ortega dijo que  a partir de ahora se abrirán procesos penales contra todos aquellos que participen en protestas callejeras, ya que considera que los manifestantes sólo buscan “desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo”.

La jurista opina que las conductas de los manifestantes venezolanos  «encajan perfectamente en el delito de rebelión civil», que, como habrán adivinado, puede conllevar pasar hasta 24 años entre rejas. De hecho, la justicia bolivariana no ha tardado en aplicar esta nueva lectura del Código Penal de aquél país, con las detenciones, llevadas a cabo el pasado miércoles, del prefecto de la ciudad y once trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas –gobernada por el opositor Antonio Ledezma- por participar en la marcha que se realizó el sábado 22 de agosto contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación.

Pero las interpretaciones de Ortega en cuanto al cuerpo legal no acaban ahí. La máxima responsable de la Fiscalía General ya propuso con anterioridad en su programa radiofónico al Parlamento que aprobara una polémica «ley contra delitos mediáticos», para castigar a los medios de comunicación que difundieran informaciones que «incitaran al odio» o generasen «zozobra» entre la población.

La oposición no ha tardado ni un segundo en reaccionar ante esta medida anunciada por la fiscal general. Así, el coordinador nacional del partido Primero Justicia, Julio Borges, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que “manifestar no es un delito, sino un derecho, y lo vamos a seguir ejerciendo”, añadió.

Delza Solórzano, coordinadora de Derechos Humanos y Justicia del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), expresó que “no es un delito [manifestarse], señora fiscal, es un derecho constitucional consagrado en el artículo 68 de la Carta Fundamental”.

En efecto, la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, promulgada el diciembre de 1999 bajo el Gobierno del propio Chávez, reconoce en el artículo 68 que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley”, idéntica enunciación que la que se recogía en la anterior Constitución, de 1961, aquí en el artículo 115 .

Y como, a tenor de esto, parece que protestar no es tan delictivo como la fiscal general pretende, la oposición ha convocado una manifestación para el próximo sábado, 5 de septiembre, para demostrarle  “que vamos a seguir en la calle, si la Fiscal nos quiere meter presos que lo haga, porque lo vamos a seguir haciendo” ha sentenciado Julio Borges.

¿Consideras que el Gobierno venezolano actúa correctamente al considerar delito las manifestaciones? ¿Qué perspectiva tenéis sobre el carácter (pacífico o violento) de las protestas en el país de Hugo Chavez? ¿Es ésta una nueva maniobra de censura a la oposición, o es una simple defensa del Gobierno ante la actitud agresiva de los opuestos al régimen boivariano?